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Bajo el contexto de prolongación del conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, durante el pasado mes de diciembre, la Comisión Europea ha alcanzado un acuerdo provisional, entre el Parlamento y el Consejo europeo, para armonizar el régimen de delitos y sanciones penales impuestas por la Unión Europea como consecuencia de la violación de las medidas restrictivas, lo que conocemos como sanciones. 

Este acuerdo es el resultado de la fase de discusión entre el Parlamento y el Consejo, en el proceso ordinario legislativo europeo, sobre la propuesta de Directiva por la que se definen las infracciones y sanciones penales frente a la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión Europea.

El acuerdo vio la luz como propuesta en diciembre de 2022 a consecuencia de la Decisión del Consejo de añadir la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión a los ámbitos delictivos establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea[1], por lo que cuando se alcance el acuerdo formal entre los colegisladores, la nueva Directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación y se tendrá que trasponer a los ordenamientos nacionales en los seis meses siguientes.

La Propuesta original está directamente vinculada con la recuperación y decomisos de activos que data, originalmente, de Mayo de 2022 y sobre la que en igual fecha (el 13 de diciembre pasado), se alcanza también un acuerdo provisional de Parlamento y Consejo. Esa Propuesta de Directiva trae causa de la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada para garantizar que delinquir no pueda salir a cuenta[2].

Como ya anticipábamos, el contexto de fondo no es otro que la reacción europea a la agresión militar de Rusia contra Ucrania, por la que la UE ha venido adoptando contra Rusia y Bielorrusia, medidas restrictivas que se remontan a las inicialmente estipuladas en marzo de 2014 para responder a la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol por parte de Rusia. Dichas medidas, adoptadas sobre la base del artículo 29 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y del artículo 215 del TFUE, incluyen medidas sectoriales y medidas individuales en forma de embargo de activos y restricciones de admisión, así como cláusulas anti elusión que prohíben la participación consciente y deliberada en actividades destinadas a eludir estas medidas, junto con otras obligaciones, en particular, la de informar sobre las actuaciones emprendidas para aplicar las medidas restrictivas adoptadas por la Unión.

Cabe destacar que esta segunda Propuesta, una vez adoptado un acuerdo de aprobación formal por Parlamento y Consejo y publicada, entrará en vigor 20 días después de que se publique, pero los Estados Miembros tendrán hasta 30 meses para su trasposición al derecho nacional.

Ambas propuestas de Directiva convergen en un punto común: la lucha contra la delincuencia organizada. Sin embargo, la primera eleva la efectividad del régimen de sanciones y su vinculación a los Estados Miembros, de tal suerte que se garantice que su vulneración pueda constituir una infracción penal y por lo tanto quede sujeta al mayor poder coactivo del Estado mediante la imposición de penas criminales. Mientras que, la segunda exige a los Estados que permitan el rastreo e identificación de los bienes relacionados con la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión Europea.

En consecuencia, en un futuro no muy lejano, el incumplimiento de las medidas restrictivas de la UE en ámbitos delictivos tales como: el terrorismo, el blanqueo de capitales, la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños, el tráfico ilícito de armas, la corrupción, la falsificación de medios de pago, la delincuencia informática y la delincuencia organizada, contará con un estándar europeo por el que se acabe con la divergencia actual.

En efecto, cabe señalar que en la actualidad tan sólo doce Estados Miembros contemplan la vulneración de estas sanciones como una infracción penal, y catorce la pueden tratar indistintamente como un delito o una infracción administrativa en consideración a la gravedad, mientras que España y Eslovenia sólo consideran esta como una infracción administrativa. Por tanto, estos avances supondrán una revisión del alcance del derecho penal en nuestro país y sin duda un nuevo reto desde la óptica de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que podría alcanzar multas de hasta el cinco por ciento del volumen de negocio mundial total de la persona jurídica en el ejercicio económico anterior a su imposición (y dependiendo de la trasposición en la legislación nacional de cada Estado).

La propuesta de Directiva de recuperación y decomiso de activos aborda la regulación sobre los organismos de recuperación de activos y aspectos sobre el decomiso, previstos en la Directiva del 2014 sobre esta materia a la que derogará. Por ende, viene a establecer una norma común para el seguimiento, identificación, embargo, decomiso y gestión de bienes en asuntos penales y facilitará la aplicación de las medidas restrictivas de la UE cuando ello sea preciso para prevenir, descubrir o investigar delitos relacionados con el incumplimiento de dichas medidas.

Desde un punto de vista regulatorio, podría decirse que se aúnan en un único instrumento las regulaciones dispersas hasta la fecha de modo que garantice un enfoque coherente y cohesionador. 

En conclusión, dos textos legales en ciernes de extremada relevancia en el ámbito de las medidas restrictivas de la UE para reforzar e impulsar la efectividad en la aplicación del régimen de sanciones que hoy afectan a más de cuarenta conjuntos de medidas restrictivas entre los que son adoptados de manera autónoma por la UE y los que resultan de las medidas restrictivas adoptadas en el seno de Naciones Unidas. Sin duda, tendremos ocasión de seguir su avance en futuras publicaciones de nuestro blog.

[1] DECISIÓN (UE) 2022/2332 DEL CONSEJO de 28 de noviembre de 2022 relativa a la identificación de la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión como ámbito delictivo que cumple los criterios especificados en el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 29 de noviembre de 2022.

[2] Comunicación de la Comisión sobre la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021- 2025 [COM(2021) 170, de 14.4.2021], en la que se anuncia la intención de reforzar las normas sobre recuperación y decomiso de activos teniendo en cuenta el informe de la Comisión de 2020 titulado «Recuperación y decomiso de activos: garantizar que el delito no resulte provechoso».

Belén Rico
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Abogada ICAM.
Directora de Cumplimiento Normativo de BBVA España
belen.rico@bbva.com

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