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El Gobierno de Estados Unidos a través de la OFAC ha levantado temporalmente el pasado 18 de octubre alguna de las sanciones económicas que pesaban sobre Venezuela en relación al petróleo, el gas y el oro venezolanos. En agosto de 2021 el Gobierno de Maduro y su oposición adoptaron un Memorando de Entendimiento para llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación; en este marco se acordó el 17 de octubre de 2023 una hoja de ruta electoral entre la Plataforma Unitaria (los partidos opositores al gobierno) y representantes de Maduro en el que las partes se comprometen a acatar la Constitución venezolana y la ley. Ello se materializa en un acuerdo para proponer que las elecciones presidenciales se celebren en el segundo semestre de 2024, así como un elenco de medidas para garantizar el proceso democrático electoral: la actualización del registro electoral, realizar auditorías previstas al sistema electoral venezolano, solicitar la invitación de misiones técnicas internacionales de observación electoral, promover una cobertura equilibrada en los medios de comunicación, y reconocer públicamente los resultados electorales, entre otras medidas.

La respuesta de EEUU no se deja esperar y al día siguiente autoriza determinadas transacciones prohibidas en virtud del programa de sanciones contra Venezuela. El gobierno de los EE.UU sigue conservando la autoridad para rescindir estas autorizaciones en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos, y en todo caso, advierte de que todas las demás prohibiciones de sanciones impuestas por los EE.UU con respecto a Venezuela, incluido el Gobierno de Venezuela, siguen en vigor.

De este modo, OFAC acuerda la suspensión de ciertas sanciones económicas en el sector del petróleo y gas, el sector venezolano del oro y las compras en el mercado secundario de bonos soberanos y acciones. Específicamente, se publican nuevas licencias generales y se modifican algunas existentes en el programa de sanciones de Venezuela (Venezuela sanctions regulations -VSR-).

Una escueta licencia general 45 autoriza la repatriación de nacionales venezolanos, de non-US jurisdicciones en el hemisferio este, a Venezuela a través de Conviasa (Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A.) u otras entidades en las que esta participe en más de un 50%.

La licencia general 44 autoriza temporalmente las transacciones relacionadas con el petróleo y el gas en Venezuela y ciertas operaciones en estos sectores con bancos bloqueados. Esta licencia facilita una lista de transacciones específicas cubiertas por la nueva autorización. Entre ellas destaca la posibilidad de exportar petróleo y gas de Venezuela, nuevas inversiones en este sector o la entrega de petróleo y gas de Venezuela a los acreedores del gobierno de Venezuela, incluidas transacciones con Petróleos de Venezuela (PdVSA) y su grupo para el pago de deudas (aunque continúan en la lista de designados y con sus propiedades bloqueadas). Se mantienen vigentes las restricciones referentes a transacciones con entidades financieras designadas (excepto el Banco Central de Venezuela o Banco de Venezuela,SA Banco Universal), operaciones de provisión de bienes y servicios con conexión con Rusia, transacciones que involucren a personas o entidades designadas en listas distintas de las Entidades de PdVSA, el Banco Central de Venezuela, o el Banco de Venezuela SA Banco Universal; pagos en la criptomoneda Petro emitida por el Gobierno de Venezuela y finalmente bloqueos sobre propiedades y personas previstos en el Reglamento de Sanciones contra Venezuela.

La licencia general 43 autoriza ciertas transacciones que involucran a la compañía Minerven (Compañía general de minería de oro venezolana) designada como compañía propiedad del Estado por una de las órdenes ejecutivas del VSR y con un objetivo de reducir el mercado negro del oro. Además, proclama la intención de no sancionar por EEUU a ninguna persona exclusivamente por operar en el sector del oro.

Las licencias 3I y 9H, modificación de sus letras predecesoras, levantan la prohibición de negociación en el mercado secundario de ciertos bonos soberanos venezolanos y bonos y acciones emitidas antes de 2017 por PdVSA. Sigue vigente por lo tanto la prohibición de negociar en el mercado primario.

Cabe destacar que OFAC ha publicado un documento de interés para la interpretación de estas licencias (Frequently asked questions related to the suspension of certain U.S. sanctions with respect to Venezuela) que introduce algunas matizaciones significativas para su correcta interpretación y aplicación.

Finalmente, conviene señalar que la licencia 44 tiene validez hasta el 18 de abril de 2024 y se renovará si los representantes de Maduro acatan su compromiso y caminan hacia unas elecciones democráticas a finales de 2024 con medidas concretas. Por encima de este condicionamiento, siempre están los intereses de seguridad de EEUU y, al igual que con otras licencias generales o específicas, pueden ser revocadas si se considera necesario por prioridades de seguridad nacional estadounidenses o de política exterior.

La reacción en el seno de la UE tampoco se ha hecho esperar y está prevista una próxima discusión en la reunión de ministros de asuntos exteriores para abordar una posible suspensión de las sanciones a Venezuela de la UE. Este programa de sanciones con prohibición de entrada en la UE y congelación de fondos de las personas sancionadas fue adoptado el 13 de noviembre de 2017 con una validez hasta el 14 de noviembre de 2023. Sin duda, parece que el tiempo apremia…

Belén Rico

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid
Abogada ICAM
Directora de Cumplimiento Normativo de BBVA España


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