Revocación del NIF: importancia en la lucha contra el blanqueo de capitales

Escrito por Joaquín Maroto Sifres

Ene 9, 2024

9 enero 2024

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El número de identificación fiscal (NIF) tiene una importancia capital en el nacimiento y la vida de una persona jurídica, así como de otros entes sin personalidad jurídica, pero con “personalidad fiscal”, ya que sin la asignación de este número estos no podrán intervenir en prácticamente ningún acto o negocio jurídico, ni integrarse en el circuito económico como titulares de cuentas o emisores de cheques o similares.

En contraste con la situación de las personas físicas, cuyo NIF es irrevocable y sigue a la persona durante toda su existencia, la situación para las personas jurídicas es diferente ya que una vez obtenido el mismo puede ser objeto de revocación por parte de las autoridades tributarias, lo que supone una especie de “muerte civil”, con consecuencias de gran relevancia en base a causas que suponen, en la mayoría de los casos, una situación “patológica” en la entidad de que se trate.

En este artículo, repasaremos estas circunstancias e indagaremos la importancia que la revocación del NIF tiene en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales. Al respecto, lo primero que debemos apuntar es que la Disposición Adicional Sexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (D.A. 6ª LGT) establece la obligatoriedad del uso del NIF en cualquier operación con trascendencia tributaria, incluyendo, en particular, cualquier operación, incluso transitoria, con una entidad de crédito, incluidas las operaciones de libramiento de cheques o las de atender cheques presentados al cobro en las situaciones que señala la Ley.

El procedimiento de revocación del NIF se regula en el conocido como Reglamento de Aplicación de los Tributos (RGAT, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio), y las causas se pueden extraer de la lectura conjunta de los artículos 146 y 147, y del artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. En esencia, estas se pueden agrupar en tres categorías distintas, a saber:

1) Causas que implican una situación grave de insolvencia: bien sea porque se proceda a la declaración de fallido de la entidad o porque se den de baja deudas por insolvencia durante tres periodos impositivos o de liquidación.

2) Causas que implican la existencia de una entidad “durmiente” o “fantasma”: por transcurrir tres periodos consecutivos sin presentar declaración del Impuesto sobre Sociedades o cuatro ejercicios sin depositar cuentas anuales en el Registro Mercantil, por haberse dado tres intentos de notificación infructuosos en un año, o bien porque transcurran tres meses desde que se obtiene el NIF sin empezar la actividad económica ni los actos preparatorios correspondientes. En este grupo podríamos incluir también la situación en la que, asignado un NIF provisional, no se haya aportado la documentación correspondiente para obtener el NIF definitivo.

3) Causas que implican la posible existencia de una entidad instrumental: por haber comunicado a la AEAT actividades económicas inexistentes, o por el uso de un mismo capital para constituir varias sociedades que implique que no ha habido desembolso real.

Como puede deducirse de la lectura de estas causas, especialmente en el caso de los dos últimos grupos, en muchos casos nos vamos a encontrar con entidades que entrañan un fuerte riesgo de ser utilizadas como vehículos de blanqueo:

  • En el caso de las sociedades durmientes es habitual su utilización en el marco de tramas organizadas de sociedades instrumentales, que son adquiridas por parte del crimen organizado a despachos profesionales que las han creado previamente. En un número alto de casos estas sociedades tienen abiertas cuentas bancarias en una o varias entidades financieras preparadas para ser utilizadas facilitando las claves y datos de acceso a sus adquirentes. El cambio en la titularidad de estas entidades ni tan siquiera es necesario toda vez que suelen ser puestas a nombre de testaferros.
  • Por supuesto en las causas que refieren a entidades instrumentales nos encontraremos ante entidades a las que la AEAT ya ha identificado como presumiblemente integradas en tramas organizadas. En la mayoría de los casos, estas entidades pertenecerán al grupo anterior, esto es, habrán sido “pre-constituidas” y vendidas a un adquirente que necesita un NIF rápido para movilizar fondos o efectuar otras operaciones.

Conviene precisar que, una vez revocado un NIF por la Agencia Tributaria y publicada esta circunstancia en el BOE, ello tendrá consecuencias graves para la entidad entre las que cabe destacar:

  • Las entidades de crédito no podrán realizar cargos o abonos en las cuentas o depósitos bancarios en que consten como titulares o autorizados los titulares de dichos números revocados.
  • Los notarios deberán abstenerse de autorizar cualquier instrumento público relativo a declaraciones de voluntad, actos jurídicos que impliquen prestación de consentimiento, contratos y negocios jurídicos de cualquier clase.
  • Se prohíbe el acceso a cualquier registro público de las entidades con NIF revocado, incluidos los administrativos, y se practicará nota marginal, en aquellos en los que puedan estar inscritas, en la que se hará constar que, en lo sucesivo, no podrá realizarse inscripción alguna que afecte a aquella.

La revocación del NIF no comporta la extinción de la personalidad jurídica, puesto que en todos los casos la Ley permite la rehabilitación del NIF, mientras que, pérdida la personalidad jurídica (por ejemplo, tras una liquidación), la misma no puede recuperarse. Además, no todas las entidades titulares de un NIF tienen personalidad jurídica (por ejemplo, una comunidad de bienes). Pero, a la vista de las consecuencias mencionadas, en la práctica supone una especie de “muerte civil”, como ya se ha dicho, toda vez que su operativa quedará limitada a supuestos en los que no intervengan notarios, registradores y entidades de crédito.

En consecuencia, si la entidad realizaba una actividad económica real y legal, en la práctica no le quedará más remedio que instar la rehabilitación del NIF o promover su liquidación ordenada, puesto que de lo contrario la misma se verá fuertemente limitada. De esta manera, el ordenamiento consigue depurar situaciones anormales desde una perspectiva fiscal.

En cualquier caso, los productos financieros asociados a NIF revocados constituyen potenciales agujeros en el circuito económico, puesto que nos encontraremos ante entidades que podríamos calificar de “pantalla”, que carecen de un NIF válido a efectos fiscales, y que pueden ser empleadas para movilizar fondos en cualquiera de las fases en las que se divide el blanqueo de capitales, sin que tales fondos puedan ser legítimamente atribuidos a una personalidad fiscal.

A la vista de todo lo anterior podemos extraer dos conclusiones que pueden ser relevantes para los sujetos obligados, especialmente los de naturaleza financiera: primero, que resulta imprescindible integrar y, en la medida de lo posible, automatizar, la comprobación de la validez del NIF de un cliente no solo en el onboarding del mismo, sino a lo largo de toda la relación de negocio, pues de lo contrario se estaría incumpliendo la normativa tributaria, circunstancia que podría conllevar la imposición de sanciones; y, segundo, que la revocación del NIF es una herramienta reactiva prevista en el ordenamiento jurídico que puede servir a los sujetos obligados para identificar clientes presumiblemente integrados en una trama organizada de fraude y blanqueo.

En definitiva, la revocación del NIF es una herramienta relevante en nuestro ordenamiento jurídico y su utilidad depende en gran medida de los sujetos obligados de su conocimiento de la medida y sus implicaciones y de su adecuado cumplimiento.

Joaquín Maroto Sifres

Inspector AEAT y Jefe de la Unidad de Análsis 
SEPBLAC

CONSULTA FORMACIÓN 2024

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


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