Malta: En el permanente “ojo del huracán” del Blanqueo de Capitales

Malta ha venido siendo considerado un paraíso fiscal desde los primeros informes elaborados por organizaciones internacionales como el FMI (1999) y la OCDE (2000), así como por diversas ONG y, en especial, por Tax Justice Network (2005) y OXFAM (2017).

Tan solo no fue incluida como tal por la Unión Europea en su “blacklist” de 2017 debido a su condición de Estado miembro, y ello a pesar de las conclusiones aprobadas por el Parlamento Europeo en su Resolución de 26 de marzo de 2019, sobre delitos financieros y evasión y elusión fiscales, en la que lamentaba que el proceso de elaboración de listas solo hubiera tenido en cuenta a terceros países y señalaba a cinco Estados miembros como paraísos fiscales: Chipre, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos, solicitando a la Comisión su inclusión en la lista negra.

Además, Malta se vio salpicada por el escándalo tras la publicación de los “Paradise Papers” el 5 de noviembre de 2017, que puso al descubierto los datos de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas, entre las que se encontraba ella.

Pero el hecho más grave se había producido unos días antes cuando la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que participó en la investigación de los llamados “Papeles de Malta” (basados en los Panama Papers) revelando cómo el país se había convertido en un paraíso fiscal, fue asesinada el 16 de octubre de 2017 al peor estilo mafioso por la explosión de un coche-bomba en Bidnija, en el norte de la isla, mostrando la amplitud de la corrupción e impunidad con la que se mueven los negocios sucios en este país de la Unión Europea.

Los reportajes de Galizia solían referirse a casos de blanqueo de capitales y sobre la seria corrupción en la República de Malta. También había testificado ante la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre los conocidos como Papeles de Panamá, que revelaron las numerosas sociedades mercantiles offshore propiedad de personalidades relevantes de todo el mundo. En septiembre de 2016, en el registro de empresas maltés había más de 50.000 sociedades.

Pero los escándalos no acabaron ahí ya que desde 2014 el gobierno maltés había puesto en marcha un esquema para atraer inversiones y personas adineradas que se materializaba en la venta de los denominados “pasaportes dorados” que podían ser adquiridos por una cuantía de 1.150.000 €. Desde el comiendo de este plan y hasta 2018 se habían beneficiado del mismo 833 inversores y 2.109 familiares que obtuvieron por este sistema la ciudadanía maltesa y, por ende, la ciudadanía europea.

La filtración en agosto de 2020 de los denominados “Cyprus Papers” vino a poner de manifiesto la venta de estos “pasaportes dorados” por otro estado miembro de la Unión Europea: Chipre. Los reporteros de investigación obtuvieron documentos que parecen mostrar cómo una inversión de más de 2 millones de euros en Chipre aseguró la ciudadanía de la UE para 1.400 personas adineradas y 1.100 familiares de 2017 a 2019. Según se puso en evidencia, entre los solicitantes principales había al menos 30 personas con cargos penales o condenas pendientes, así como 40 personas políticamente expuestas (PEPS).

El 20 de octubre de 2020, la Comisión Europea anunció que estaba iniciando procedimientos de infracción contra Chipre y Malta mediante la emisión de cartas de notificación formal sobre sus planes de ciudadanía para inversores, también conocidos como planes de “pasaporte dorado”.

La Comisión considera que la concesión por estos Estados miembros de su nacionalidad, y por tanto de la ciudadanía de la UE, a cambio de un pago o una inversión predeterminados y sin un vínculo real con los Estados miembros afectados, no es compatible con el principio de cooperación sincera consagrado. en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. Esto también socava la integridad del estatuto de ciudadanía de la UE previsto en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Debido a la naturaleza de la ciudadanía de la UE, estos regímenes tienen implicaciones para la Unión en su conjunto. Cuando un Estado miembro otorga la nacionalidad, la persona en cuestión se convierte automáticamente en ciudadano de la UE y disfruta de todos los derechos vinculados a este estatus, como el derecho a circular, residir y trabajar libremente dentro de la UE, o el derecho a votar en las elecciones municipales, así como elecciones al Parlamento Europeo. En consecuencia, los efectos de los sistemas de ciudadanía para inversores no se limitan a los Estados miembros que los gestionan ni son neutrales con respecto a otros Estados miembros y la UE en su conjunto.

La Comisión considera que la concesión de la ciudadanía de la UE para pagos o inversiones predeterminados sin ningún vínculo genuino con los Estados miembros afectados socava la esencia de la ciudadanía de la UE.

En un informe de 2019, la Comisión ya reconoció que los esquemas de “visas y pasaportes dorados” plantean riesgos similares de lavado de dinero y crimen organizado.

Finalmente, Malta vuelve a ser noticia estos días con la decisión del GAFI de incluir a Malta, junto a Filipinas, Haiti, y Sudan del Sur, en su “lista gris” (Jurisdictions under Increased Monitoring) tras su última Reunión Plenaria celebrada del 21 al 25 de junio.

De acuerdo con la información facilitada, Malta deberá mejorar en los siguientes aspectos:

• Demostrando que la información sobre el beneficiario real es precisa y que, cuando corresponda, se aplicarán sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, acordes con los riesgos de LA/FT, a las personas jurídicas si la información proporcionada es inexacta y asegurar que se apliquen sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a los responsables de verificarla cuando no cumplan con sus obligaciones de obtener información precisa y actualizada sobre el beneficiario final.
• Mejorar el uso de la inteligencia financiera de la UIF para apoyar a las autoridades que persiguen casos de lavado de dinero relacionados con delitos fiscales, incluso aclarando las funciones y responsabilidades del Inspector Fiscal y la UIF,
• y aumentar el enfoque del análisis de la UIF en este tipo de delitos, para elaborar informes que ayuden a la policía maltesa a detectar e investigar casos en línea con los riesgos de LD identificados en Malta y relacionados con la evasión fiscal.

Pero en la adopción de esta decisión existen indicios, que no han sido explicitados por el GAFI, de que Malta no está haciendo lo suficiente para detener los principales delitos financieros.

Los activos virtuales y la criptomoneda eran términos relativamente extraños en Malta hasta que la administración laborista de Joseph Muscat anunció a principios de 2017 que tenía la intención de potenciar el mundo de las criptomonedas.

En 2018, en el apogeo de la ‘isla blockchain’ de Malta, varios nombres importantes en el mundo del intercambio de criptomonedas, como Binance (es considerada desde 2018 la plataforma de intercambio con el mayor volumen comercial del mundo) y OKEx (con sede en Seychelles), anunciaron que se instalarían allí al albor de la nueva legislación.

Unos 60.000 millones de euros en criptomonedas y otros activos virtuales se movieron a través de Malta después de que se anunciara por primera vez como la ‘isla blockchain’, cuando los controles aún se consideraban laxos.

Desde entonces, y aunque Malta habría reforzado su marco regulatorio para las criptomonedas, ese gran volumen de transacciones fue señalado como “problemático” por los expertos del GAFI que revisaron el régimen contra el blanqueo de capitales de Malta.

Se entiende que el enfoque impulsado por Malta para atraer plataformas de moneda digital a la isla antes de que se establecieran las leyes necesarias fue una de las señales de alerta. Las fuentes afirmaron que uno de los problemas planteados repetidamente durante la revisión fue que Malta habría facilitado un gran volumen de intercambios de criptomonedas y otros activos virtuales sin una supervisión suficiente.

Esto plantea problemas de transparencia, ya que el sistema podría ser utilizado por quienes buscan ocultar de los reguladores o las autoridades fiscales las participaciones financieras y las transacciones.

En definitiva, Malta no ha dejado de estar en el “ojo del huracán”, al menos desde finales del siglo pasado, y los recientes acontecimientos no parece que le vayan a enmendar a corto plazo.

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