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Bien es conocido que el fraude de IVA en el comercio de hidrocarburos comenzó allá por el 2015 cuando se produjo la liberalización efectiva del mercado de distribución, con la inclusión del siguiente párrafo en el artículo 43 de la Ley del Sector de Hidrocarburos, relativo a los distribuidores al por menor de productos petrolíferos:

“Siempre y cuando realicen alguna de las actividades anteriores (actividades de suministro a destinatarios finales y estaciones de servicio) los distribuidores podrán suministrar a otros distribuidores al por menor de productos petrolíferos. En este caso deberán inscribirse previamente en el registro de los impuestos especiales, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 18 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y a su normativa de desarrollo”.

Conviene señalar que el funcionamiento de los depósitos fiscales en la normativa fiscal implica situar el devengo del IVA en la primera venta fuera de depósito. Dado que la flexibilización anterior permitió, a nivel operativo, efectuar múltiples ventas entre distribuidores sin que los productos tuviesen que salir de depósito fiscal, se dio carta blanca a la interposición ficticia de entidades instrumentales o “truchas”, para que pudiesen efectuar una primera venta con IVA, y luego incumpliesen su obligación tributaria.

Como nos podemos imaginar, en apenas meses de operaciones, uno de estos entramados puede generar fraudes millonarios a la Hacienda Pública (solo es necesario que pensemos en los litros que caben en un camión cisterna y en las veces que puede ser necesario abastecer a una estación de servicio, para darnos cuenta del “chollo” de ahorrarse el IVA). En un sector que vende un producto sin diferenciación, cuyo elemento fundamental en la decisión de compra es el precio, y donde más de la mitad del precio del producto son impuestos, podía resultar sencillo pensar (al menos es fácil verlo a toro pasado), que el fraude se iba a extender de forma vertiginosa.

En los últimos tiempos las noticias en prensa se han ido extendiendo, según puede entreverse, porque los medios se han visto expuestos a señales de diversos orígenes, todas ellas estrechamente relacionadas. Entre estas señales cabe destacar las siguientes:

  • En primer lugar, el crecimiento de las estaciones de servicio “low cost” ha llamado la atención de todos. En algunas provincias, estas estaciones superan en número a las “abanderadas”, franquicias de las grandes empresas de refino en el sector. Su crecimiento está íntimamente asociado con el fraude, por ser muchas de ellas beneficiarias directas del mismo (el modelo de negocio de las estaciones de servicio “low cost” puede tener sentido en otros casos y no basarse en adquirir hidrocarburos con fraude de IVA, todo sea dicho). Y, a este respecto, es necesario reflexionar sobre quiénes son (o somos) los beneficiarios de este fraude. Cuando el entramado empresarial que distribuye hidrocarburos sin IVA comercializa este producto por debajo del precio de mercado, es evidente que una parte de esos beneficios “extraordinarios” irá destinado al enriquecimiento de sus cabecillas.

Ahora bien, si están vendiendo por debajo de mercado es porque necesitan ofrecer un precio competitivo al siguiente eslabón de la cadena, que es en la mayoría de las ocasiones la estación de servicio independiente. Esta consigue así un precio de compra competitivo, que le permite, a su vez, vender a precios competitivos a los consumidores finales (lucrándose por la diferencia). Por último, este consumidor final también sale ganando, porque puede pagar diez o quince céntimos menos por litro de carburante, que sí pagaría si acudiese a una gasolinera cumplidora. De esta forma, el fraude en el inicio de la cadena ha generado un “ahorro fiscal” (totalmente ilegal) que ha sido distribuido en todas las fases habituales de la cadena. No es muy difícil imaginar que si se defraudan 10 millones, pero el defraudador solo se queda 1 millón porque el ahorro va destinado en gran parte a bajar el precio del producto vendido, resulta prácticamente imposible para la Hacienda Pública recuperar la gran mayoría del agujero en la recaudación, porque se ha distribuido de forma aparentemente limpia entre todos los intervinientes de la cadena (que formalmente, no saben que no pagan IVA, aunque en la práctica todos se lo imaginan).

  • En segundo lugar, la gran cantidad de operaciones policiales que se han producido en los últimos tiempos ha sido digna de atención, puesto que estas tramas han sido duramente perseguidas en nuestro país por todos los cuerpos implicados (AEAT, especialmente vía Servicio de Vigilancia Aduanera, Guardia Civil y Policía Nacional). Explotadas estas operaciones, los titulares en prensa eran impactantes: fraudes de cientos de millones, decenas de detenidos, incautaciones de todo tipo (efectivo, joyas, cientos de cuentas bancarias, vehículos de alta gama), datos estos muy parecidos a los grandes titulares de operaciones contra el narcotráfico, en parte porque estas operaciones se han acabado pareciendo mucho en su modus operandi, y en parte porque los sujetos implicados han acabado también siendo los mismos en muchos casos.
  • En tercer lugar, los números “macro” llaman la atención. Haciendo una búsqueda no exhaustiva en el listado de deudores a la Hacienda Pública del 2023, es posible identificar con facilidad 56 razones sociales relacionadas con los hidrocarburos que acumulan deudas en ejecutiva por más de 697 millones. Es aquí donde el origen de la información deja mucho que desear, en opinión de este autor, puesto que esa cantidad es matizable por muchos motivos: nos encontramos ante importes en ejecutiva (desconocemos lo que se ha liquidado en período voluntario de pago), que incluyen deudas de múltiples orígenes (pueden haber sido liquidadas por Inspección, Gestión, o bien haber sido autoliquidadas y no ingresadas), basadas en conceptos que desconocemos (puede ser fraude de IVA, de IIEE, de la suma de ambos, o bien deberse a irregularidades fiscales de otro tipo), que pueden incluir sanciones (y así lo harán en muchos casos), y que tienen su origen en diversos periodos, no necesariamente de los 4 últimos ejercicios. Entonces, ¿cuál es la mejor estimación del impacto de este fraude? Ignoramus, et ignorabimus. Simplemente podemos decir que es grande, muy grande, y que es especialmente doloroso porque, una vez cometido, es irreparable, y porque fomenta comportamientos deshonestos en una parte del sector del comercio de hidrocarburos hasta ahora cumplidor.

Por último, un rayo de esperanza, que también debe ser objeto de interés. Con efectos a partir del próximo 28 de marzo de 2024, cambia la redacción del mencionado párrafo del artículo 43 LSH:

“En ningún caso, se permite el suministro entre distribuidores al por menor, ni el suministro de distribuidores al por menor a operadores al por mayor”.

Ante esta gran noticia, es necesario hacer una reflexión final. Hasta el momento, el papel que los sujetos obligados habían desempeñado en el sector ha sido primordial, dado que actuaban como una suerte de mecanismo de detección temprana de incumplimientos, señalando comportamientos financieros propios de entidades instrumentales. Ahora bien, la aprobación de esta modificación normativa no puede hacernos pensar que debemos bajar la guardia. Es más, tras casi 9 años desde la redacción dada en 2015, hay muchas personas y organizaciones en España que “viven” del fraude de IVA en la distribución de carburantes, y probablemente seguirán cometiéndolo, al menos hasta su erradicación. Por mucho que neguemos su existencia ante la Ley (“en ningún caso, se permite el suministro…”), no conseguiremos que desaparezcan hasta que acepten que, o se opera de forma lícita, o no se opera. Y esto es un trabajo de todos, en el que, de nuevo, el papel de los sujetos obligados será imprescindible, y exigirá su atención permanente, o de lo contrario el fraude habrá venido para quedarse, cambiando de forma según cambie la regulación.

Joaquín Maroto Sifres
Inspector AEAT y Jefe de la Unidad de Análsis
SEPBLAC

CONSULTA FORMACIÓN 2024

PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO


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