A vueltas con Panamá como paraíso fiscal y su compromiso con el GAFILAT

En dicho comentario enfatizaba que hacía falta más que compromiso para luchar contra el blanqueo de capitales y la falta de transparencia, y que Panamá constituía el ejemplo más flagrante del “Cumplimiento simulado” ya que, desde su primer compromiso el 15 de abril de 2002 ante la OCDE (para acoger los principios sobre transparencia e intercambio de información tributaria), habían transcurrido casi 20 años sin un avance significativo para evitar la etiqueta de “paraíso fiscal” [2].

De hecho, el país caribeño ha figurado en todas las listas internacionales de “paraísos fiscales” publicadas desde el año 2000 y ha protagonizado un papel crucial en múltiples escándalos originados tras la filtración de millones de documentos que destaparon el uso de determinados paraísos fiscales para ocultar la riqueza a las autoridades fiscales de los países originarios de los titulares de la misma.

Pero no solo Panamá ha estado vinculada como territorio en dichos escándalos, sino que muchos de sus dirigentes y familiares próximos se han visto envueltos en procesos vinculados con la corrupción y el blanqueo de capitales. Basta con hacer un rápido repaso a los hechos acaecidos a lo largo de este siglo XXI para evidenciar tal afirmación:

• Ernesto Pérez Balladares (Presidente de la República: 1994-1999).

El Ministerio Público de Panamá solicitó en 2009 enjuiciarle por la presunta comisión de un delito del blanqueo de capitales. La Fiscalía acusó a Pérez Balladares de recibir fondos de dos compañías de juego de azar propiedad de un yerno y uno de los colaboradores durante su gobierno [3]. Aunque la justicia panameña dictó el sobreseimiento del caso en 2017, la publicación de los “Pandora Papers” en octubre de 2021 ha arrojado nuevas pruebas que pudieran mostrar como tres empresas, entre ellas dos creadas durante su mandato presidencial, participaron en movimientos financieros por más de 176 millones de dólares, que realizó la esposa de Pérez Balladares, Dora Boyd Preciado, a nombre de Seaside Foundation, propietaria de una cuenta en Bahamas, a favor de la sociedad Shelf Holding Inc., investigada por blanqueo de capitales.  

• Martín Torrijos Espino (Presidente de la República: 2004-2009)

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 13 de marzo de 2017 una resolución para crear una “comisión investigadora” de los casos de corrupción a nivel nacional (pago de supuestos sobornos a funcionarios panameños por la empresa constructora brasileña Odebrecht[4], basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos) de los actos de contrataciones para obras de infraestructura públicas durante las últimas tres presidencias de la república: Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).

• Ricardo Martinelli Berrocal (Presidente de la República: 2009-2014)

Ricardo Martinelli, así como algunos de sus hijos, se han visto involucrados en múltiples escándalos de corrupción, escuchas ilegales, sobornos y blanqueo de capitales tras la finalización de su mandato y hasta nuestros días.

Además, hay que hacer especial mención a un personaje que ocupó el cargo de Ministro Consejero suyo desde el 1 de julio de 2009: Ramon Fonseca, copropietario del bufete “Mossack Fonseca”, protagonista de uno de los mayores escándalos de ocultación de bienes y blanqueo de capitales con epicentro en dicha república (Papeles de Panamá). A partir de 2011 fue nombrado vicepresidente segundo del Partido Panameñista (2011-2012) y presidente de dicho partido desde 2014 tras el triunfo de Juan Carlos Varela en las elecciones de dicho año, volviendo de nuevo a ocupar el cargo de Ministro Consejero durante el periodo 2014-2016, puesto que desempañó hasta días antes de que estallase el escándalo de los “Papeles de Panamá” (3 de abril de 2016).

También, y como resultado de la referida investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, Luis Enrique Martinelli, ha sido extraditado el pasado 16 de noviembre desde Guatemala a Estados Unidos [5], país en el que se le acusa de blanqueo de capitales y ocultación de información, habiendo reconocido ante la justicia de Estados Unidos que ocultó unos 28 millones de dólares provenientes de sobornos de la brasileña Odebrecht [6].

• Juan Carlos Varela Rodríguez (Presidente de la República: 2014-2019)

Juan Carlos Varela ocupó la Vicepresidencia de la República (y la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores) durante la presidencia de Ricardo Martinelli, a quién sucedió en el cargo durante el siguiente mandato.

En julio de 2020 la Fiscalía de Panamá presentó cargos contra el expresidente Juan Carlos Varela por el ‘caso Odebrecht’ derivado del proceso de investigación llevado a cabo por donaciones de la constructora recibidas para varias contiendas electorales, entre ellas las presidenciales que ganó en 2014. Una investigación filtrada a la prensa local indicó que el partido de Varela recibió de Odebrecht 10 millones de dólares en contribuciones de campaña [8].

La última filtración de los “Pandora Papers” (octubre 2021) ha vuelto a poner en el candelero a Panamá, y a algunos de sus últimos dirigentes. Tres expresidentes panameños y una de las firmas de abogados más notables de Panamá figuran en el grupo de personas y bufetes, en su mayoría de alto perfil, que habrían utilizado paraísos fiscales para esconder dinero y evadir controles fiscales:

• Además de Martinelli y Varela -que forman parte de la lista de personas que la Fiscalía ha pedido enjuiciar en el marco del caso Odebrecht-, también figura en los “Pandora Papers” el exmandatario Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) [9].
• El bufete de abogados Alemán, Cordero, Galindo y Lee (ALCOGAL) del que, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), proceden «más de dos millones» del total de 11,9 millones de registros confidenciales de bufetes de abogados y proveedores de servicios extraterritoriales [10].

Para concluir este breve repaso, solamente resta añadir que, tras la última revisión de octubre 2021, Panamá continuará figurando en la “blacklist” de la Unión Europea.